Vanesa Fernández es una de las personas que vivía en uno de los pisos de protección oficial que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre. Madre de dos menores, la más pequeña de tan solo unos meses, se tuvo que enfrentar a presiones y amenazas de desahucio que la llevaron a irse de su casa. "Tenía pánico a hacerles pasar por eso a mis hijos", relata a Andrea Ropero. Entonces pasó a un alquiler privado que no podía afrontar con sus escasos recursos, lo que la llevó a tener que pedir ayuda a una despensa solidaria para poder alimentar a sus hijos. Al no poder afrontar el pago de la vivienda se quedó en la calle y fue recogida por el padre de su hija: "Estuve en su casa, me intenté quitar la vida y acabé en un psiquiátrico porque no podía más". A su hijo lo llevó a un internado porque "empezó a ir mal en los estudios y necesitaba estar bien". "La gente no lo entiende que por problemas de vivienda nosotros tengamos que hacer esto, las familias vulnerables", explica Fernández.
